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Entrevista - Arq. Cristina B. Fernández Cristina B. Fernández fue Directora General de Planeamiento en la gestión del Arq. Alfredo Garay que comenzó en el 89. Coordinó el programa de Revitalización de Avenida de Mayo, además de realizar numerosas obras de rehabilitación con su estudio privado. Actualmente es Consejera Tesorera del CPAU y dirige el Programa Moderna Buenos Aires. Estuvo a cargo junto a Raúl Navas de la redacción de la Sección 7: "Regímenes especiales para edificios existentes."
¿Qué observaste en la situación actual para proponer estas modificaciones al Código? La problemática de la rehabilitación y mantenimiento de los edificios existentes es serio: no fue pensada como en los centros y edificios históricos en Europa y España en particular, en los que desde el Estado se propusieron sistemas de incentivos económicos y créditos a los propietarios que hacen posible esa rehabilitación. Por ejemplo, los casos de Madrid o Sevilla en los 80. En esas ciudades hubo una inversión creciente del Estado en favor de la recuperación de cascos históricos y edificios y eso no se traducía solamente en amor por ellos, sino que se traducía en dinero. Y aquí no se siguió ese recorrido. En parte por problemas de inflación, de falta de créditos y de imposibilidad de los propietarios para asumir los costos de mantenimiento de edificios. Nuestro país, y Buenos Aires, tienen cantidad de edificios patrimoniales importantes, que en su época se hicieron muy bien. Pero
también somos un país en donde la economía no tiene un crecimiento sostenido, con períodos de grandes baches económicos en los que no se invierte, o lo que puede invertir el sector privado es poco. En Argentina una obra de rehabilitación, de un cambio de uso o de revitalización de una fachada es larga y costosa. Y no hay crédito, y aunque en ocasiones se le rebaja al propietario el ABL, eso no alcanza. Por otro lado, el estado no puede subsidiar todo. Se necesita estimular la economía en forma sostenida para que ese procedimiento de rehabilitación sea posible. Hay toda una serie de contradicciones entre lo que las normas dicen que se debe hacer y lo que realmente se puede hacer.
¿Cómo ves entonces la posición de la Administración al respecto? La mirada desde la administración pública sobre los edificios existentes nunca fue la de los incentivos, sino más bien la de la restricción plasmada en catalogar y restringir, prohibir. La restricción, solo como restricción es un mal, como decía Stuart Mills. Así es como las personas y también los entes estatales se encuentran con edificios que hay que modernizarlos y mantenerlos, y el momento o el dinero nunca les llega, y según las zonas en las que estén ubicados, particularmente si es una zona degradada, van perdiendo valor, porque se necesitaría muchísimo más presupuesto de lo que pueden invertir sus dueños, o simplemente no le interesa al sector privado.
Todo esto nos lleva a pensar en que tenemos que ser más realistas. Estos grandes edificios requieren mantenimiento continuo. Por eso yo pienso que la administración debe entender, de una vez por todas, que hay edificios existentes, que éstos son todavía usables, que debe mirar con criterios actualizados qué cosas hay que adecuar de esos edificios, qué usos posibles tiene, con qué plazos; y sobre todo percibir que estamos en un país en el que es muy caro hacer una correcta obra de rehabilitación. Pareciera que de costos no habla nadie.